Hay noticias que uno lee y pasa la página. Y hay otras que se quedan haciendo ruido días después. El caso revelado por El Colombiano sobre alias “Medio Labio” pertenece a la segunda categoría. No por el nombre del narcotraficante —que es apenas otro alias más en la larga lista de esta historia repetida— sino por la naturalidad con la que ciertos funcionarios parecían moverse dentro de su órbita.
Lo que se conoció en esos chats no fue un favor aislado ni una imprudencia momentánea. Fue una relación funcional. Un policía adscrito a la Dijín gestionando interceptaciones para beneficiar a un clan criminal. No hablamos de rumores de pasillo: hablamos de análisis técnicos, diagramas de flujo de llamadas, ubicación por celdas de antenas, reportes detallados entregados como si fueran un informe interno cualquiera. Dos mil llamadas examinadas. Patrones de movilidad identificados. Capacidades del Estado utilizadas para servir intereses privados.
Ese detalle cambia por completo el tono de la conversación.
Porque una cosa es que un funcionario filtre información por dinero —lo cual ya es grave— y otra muy distinta es que active engranajes oficiales para convertirlos en herramientas de persecución selectiva. Ahí la línea entre corrupción y captura institucional comienza a desdibujarse.
Los chats muestran algo aún más inquietante que las cifras: la familiaridad. No hay tensión en el lenguaje. No se percibe improvisación. Hay confianza. Hay jerarquía. El uniformado se refiere al narco como “señor” o “amigo”. Le reporta resultados. Le explica hallazgos. Le sugiere movimientos. No parece una dinámica nueva ni excepcional. Parece aceitada.
Y el caso no se limita a interceptaciones.
También aparecen intentos de bloquear investigaciones por lavado de activos. Movimientos para apartar de procesos a oficiales incómodos. Interés en ubicar domicilios personales de investigadores. Filtración de documentos que no deberían salir de canales estrictamente judiciales. Conversaciones sobre manipular traslados dentro del sistema penitenciario. Todo con precios sobre la mesa: diez millones por aquí, ochenta por allá, cien si la información es especialmente sensible.
La institucionalidad convertida en catálogo.
Colombia carga una historia larga y dolorosa con el narcotráfico. Eso no es novedad. Pero cada vez que se revela una red donde miembros activos de la fuerza pública colaboran con estructuras criminales, la sensación no es de sorpresa; es de confirmación. Como si el país volviera a enfrentarse a un reflejo que preferiría no mirar demasiado tiempo.
Lo que más me llama la atención de este caso —aunque los hechos daten de 2020 y 2021 y resurjan ahora con fuerza en marzo de 2026— es la mensajería utilizada. Sky ECC. De ella ya había escrito antes, cuando analizaba grandes operaciones internacionales contra redes cifradas utilizadas por organizaciones criminales. En mi cabeza esas historias siempre tenían acento extranjero, parecían lejanas, casi cinematográficas. Nunca imaginé ese mismo flujo de intercambios tan cerca, aquí, en mi tierra.
En aquellos años, cuando el desarrollo tecnológico no era tan masivo como hoy, usar una plataforma así debía sentirse como estar un paso adelante del sistema. Como tener lo último en evasión estatal. Como ser casi intocables. Pero todo tiene su fin.
Quizás lo más incómodo de este caso no es la aplicación que utilizaron. Es la posibilidad permanente de que alguien, desde adentro, esté dispuesto a torcer el propósito de la institución que representa; ahí está el núcleo del problema.
Cuando la inteligencia estatal puede utilizarse para localizar a alguien por encargo de un grupo criminal, ya no estamos frente a un acto aislado de corrupción. Estamos frente a la apropiación de capacidades públicas por intereses privados. Y eso erosiona algo más profundo que un expediente judicial: erosiona la confianza y no sería la primera vez…
El antecedente que Colombia ya vivió: el DAS
No sería la primera vez que capacidades estatales terminan desviadas hacia fines oscuros. Colombia ya atravesó un episodio similar con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la antigua agencia de inteligencia adscrita a la Presidencia.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el DAS fue protagonista de uno de los mayores escándalos institucionales del país: las llamadas “chuzadas”. Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación revelaron interceptaciones ilegales, seguimientos y campañas de desprestigio contra magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. No se trató de hechos aislados, sino de una estructura organizada que utilizó recursos técnicos del Estado para vigilar y presionar a quienes resultaban incómodos.
El escándalo derivó en múltiples condenas judiciales y en la liquidación oficial del DAS en 2011. Organizaciones como Human Rights Watch advirtieron entonces que el caso evidenciaba fallas estructurales en los mecanismos de control civil sobre los organismos de inteligencia, subrayando el riesgo que surge cuando la supervisión institucional no logra contener el uso político de herramientas estatales de vigilancia.
El cierre del DAS no fue solo una reforma administrativa. Fue el reconocimiento de que una entidad creada para proteger al Estado había sido capturada desde dentro.
Uno podría preguntarse cuántos casos similares nunca salieron a la luz. Cuántas solicitudes se movieron en silencio. Cuántas investigaciones se diluyeron antes de consolidarse. No es una acusación generalizada; es una duda razonable cuando se observa la mecánica descrita en esos chats.
Alias “Medio Labio” enfrentará sus procesos. Algunos funcionarios ya han sido identificados. Habrá capturas, audiencias, titulares. Pero la pregunta que queda flotando no tiene que ver con un nombre propio, sino con el sistema que permitió que esa relación existiera y operara con tanta soltura.
El narcotráfico en Colombia no se sostiene solo por violencia o dinero. Se sostiene cuando logra tocar nodos estratégicos del poder. Cuando encuentra puertas abiertas donde debería haber muros.
Y esa es una conversación que va mucho más allá de cualquier aplicación o cualquier alias.
¿Dónde estarán ahora intercambiando órdenes?
¿En qué plataforma?
¿En qué oficina?
Quizás más cerca de lo que nos gustaría imaginar.
